Persona:
Rodríguez Martínez, Isabel

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0000-0002-5693-9215
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Rodríguez Martínez
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Isabel
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    Las nuevas obligaciones de los intermediarios en materia de identificación, transmisión de información y facilitación del ejercicio de los derechos del socio inversor de sociedades cotizadas
    (Thomson Reuters Aranzadi, 2019-01-01) Rodríguez Martínez, Isabel
    La Directiva UE 2017/828, de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE impone un nuevo régimen de obligaciones de transparencia de la estructura accionarial a los intermediarios o cadenas de intermediarios de acciones (accionistas formales o titulares fiduciarios). Su objetivo es alcanzar una mayor implicación de los socios finales (accionistas indirectos e inversores) en las sociedades cotizadas. El presente trabajo analiza las novedades de este régimen en materia de identificación y control del accionariado cuando es gestionado a través de cadenas de intermediarios. En concreto, se centra en los condicionantes, dificultades y problemática jurídica que plantea la habitual tenencia intermediada de acciones a través de cuentas globales o cuentas ómnibus, en la medida en que el tratamiento legal actual de estas cuestiones resulta actualmente insuficiente en nuestro ordenamiento. Considerando necesaria una reforma para la adaptación del Derecho español a la Directiva 2017/828, se propone y analiza el alcance de las medidas y cautelas a adoptar por el legislador en esta materia.
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    El nuevo modelo regulador de la financiación participativa
    (Thomson Reuters Aranzadi, 2023-04-01) Rodríguez Martínez, Isabel
    El modelo de financiación participativa ha sido objeto en los últimos años de una profunda armonización europea a través del Reglamento (UE) 2020/1503 y su adaptación tras la Ley 18/2022. A la par, el legislador comunitario ha operado también una reforma legislativa muy ambiciosa a nivel comunitario sobre los servicios digitales, en este caso mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercado único de servicios digitales (DSA), que se aplica a todos los prestadores de servicios de intermediación en línea, entre ellos, a las plataformas de financiación participativa en tanto que prestadoras del denominado servicio de financiación participativa. A la vista de estas profundas reformas y su impacto en el sector, resulta especialmente interesante realizar un análisis integral de las novedades introducidas sobre el modelo a nivel sectorial y general. El alcance del estudio lo es, en sus objetivos, de máximos. En efecto, se pretende, por un lado, determinar si aquellas responden, y en qué medida o limitaciones, a las necesidades del mercado y facilitan un efectivo instrumento alternativo a la financiación tradicional. De otro lado, se pretende vislumbrar si, habida cuenta de la complejidad del fenómeno de la digitalización del servicio de financiación participativa, ambos regímenes, sectorial y general, alcanzan en su totalidad a resolver la problemática jurídica del régimen del servicio de financiación participativa, una vez sometido éste al estándar de conducta debida del prestador de servicios digitales.