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Examinando Producción científica por Departamento "Derecho Mercantil"
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Publicación Acceso a comunicaciones electrónicas y tratamiento de datos personales: Nuevo criterio(Dykinson, 2018) Caballero Trenado, Laura MªEl TJUE resuelve en la Sentencia C-207/16, de 2 de octubre de 2018, una cuestión prejudicial planteada por una Audiencia Provincial española y aboga por el criterio de proporcionalidad. Conforme a este principio, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos solo puede justificar una injerencia grave el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez esté también calificada de grave. En cambio, cuando la injerencia que implica dicho acceso no es grave, puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general. El TJUE opta aplicar un principio de proporcionalidad para el acceso de las autoridades públicas a los datos que permitan identificar a los titulares de las tarjetas SIM de un móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, al considerar que, el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud controvertida no puede calificarse de injerencia grave en los derechos fundamentales de los datos de los investigados cuyos datos se ven comprometidos. En la tesitura entre seguridad y libertad, esta Decisión bascula una ponderación en favor de la primera, lo que implica un cambio de criterio.Publicación El acceso a las prestaciones sanitarias esenciales para hacer frente a la COVID-19 y los derechos de propiedad intelectual: Especial referencia a las licencias obligatorias de patente(2024) Curto Polo, Mª MercedesLa Organización Mundial de la Salud, en su actualización de abril de 2020 del Plan estratégico de preparación y respuesta frente a la COVID-19, hizo hincapié en la necesidad de acelerar la investigación, la innovación y el conocimiento compartidos como parte de la estrategia internacional para hacer frente a la pandemia. A este respecto insistió en que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo unificado e internacional para lograr el máximo impacto de la investigación, poniendo de manifiesto algunas iniciativas puestas en marcha por la OMS para posibilitarlo. Con todo, no parece que las empresas (apoyadas en ocasiones por los Gobiernos de distintos países) que han emprendido una carrera sin precedentes para obtener la vacuna o el medicamento que se revele más efectivo en la lucha contra la enfermedad vayan a renunciar a proteger sus resultados a través de derechos de propiedad intelectual y, principalmente, a través de patentes de invención. De hecho, tal como informan las Oficinas de patentes de distintos países, las solicitudes relacionadas con la COVID-19 se han disparado en los últimos meses. Dado que las patentes confieren un monopolio exclusivo a su titular durante un tiempo determinado, la fabricación de estos fármacos solamente será posible con el consentimiento de su titular; lo cual limita las posibilidades de acceso generalizado a tales prestaciones. Se plantea así, una vez más, el conflicto entre la existencia de patentes y la salud pública, que no es nuevo, pero que se está sintiendo de manera especial en los últimos meses. La propia normativa reguladora de las patentes contempla algunos límites a tales derechos de exclusiva fundamentados en motivos de interés público y, en especial, la posibilidad de permitir su uso sin el consentimiento de su titular a través de licencias obligatorias. En el presente artículo analizamos este instrumento jurídico que permitiría hacer un uso no autorizado de la patente, así como mecanismos alternativos que permitirían satisfacer la demanda de estas prestaciones en casos de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo.Publicación El acceso a los medicamentos esenciales y otros productos médico-sanitarios para hacer frente a la COVID-19: Un análisis interdisciplinar(Tirant lo Blanch, 2023) Curto Polo, Mª MercedesPublicación Ámbito de protección de la patente, nulidad e infracción de patente por imitación la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Sección de Patentes, de 19 de enero de 2021(Universidade de Vigo, 2020) Domínguez Pérez, Eva MaríaEste trabajo analiza las principales cuestiones que se plantean en relación a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5, de 19 de enero de 2021: la temática principal es la existencia o no de una infracción de una patente española, validación de una patente europea, sobre una máquina de cocina. Pero de forma previa a analizar esa cuestión, al haber planteado el demandado una reconvención, el Tribunal se pronunció sobre la nulidad de la patente.Publicación Una aproximación a la aplicación del reglamento (UE) 2022/720 de la comisión, de 10 de mayo de 2022, a los acuerdos de distribución a través de plataformas de comercio electrónico(Tirant lo Blanch, 2024) Curto Polo, Mª MercedesUno de los fines perseguidos por el Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, es adaptar la normativa en materia de acuerdos verticales a la nueva Economía Digital, teniendo presente el crecimiento exponencial del comercio electrónico. En este trabajo se abordan los problemas específicos suscitados por la aplicación del Reglamento en los supuestos en que interviene un operador económico (la plataforma digital) que presta un servicio de intermediación en línea que permite a las empresas ofrecer bienes o servicios, bien a otras empresas, o bien a los consumidores finales, con independencia de que las operaciones se lleven o no a cabo y del lugar en que lo hagan.Publicación La Carta de Derechos Digitales, una oportunidad de gobernanza para España(Real Academia de Doctores, 2021) Caballero Trenado, Laura Mª; Real Academia de Doctores de EspañaEl tsunami tecnológico que se avecina supone un desafío legal sin precedentes. La reciente aprobación de la Carta de Derechos Digitales -una guía que incluye un haz de acciones consensuadas en materia de derechos digitales- supone una toma de posición por parte de España que tiene como vocación erigirse en un referente europeo. Este análisis, en clave jurídica, desbroza el documento, al objeto de determinar el alcance de la fuerza cohesiva que proyecta esta iniciativa.Publicación Cartografía legal de la autodeterminación informativa digital: un derecho de construcción jurisprudencial(Universidad Carlos III de Madrid, 2021) Caballero Trenado, Laura Mª; Universidad Carlos III de MadridLa arquitectura del derecho a la autodeterminación informativa, en su vertiente digital, está ahormada por la doctrina jurisprudencial. Ayuna de una regulación propia hasta la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018, la autodeterminación informativa se ha ido conformando con el cincel de tres órganos jurisdiccionales (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo) que han ido perfilando y delimitando su contenido y alcance. Desde su reconocimiento por el TJUE en su archiconocida decisión de 13 de mayo de 2014, la evolución que presenta es muy notoria. En la actualidad, una búsqueda en Internet con dos apellidos es suficiente para reconocer este derecho si con ello se lesiona el honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen de su titular. Así lo ha avalado el Tribunal Supremo en la STS 4016/2020, de 27 de noviembre. En este artículo se abordan los hitos jurisprudenciales más relevantes al objeto de bosquejar una cartografía jurídica actual del derecho a la autodeterminación informativa.Publicación Cese de los administradores de sociedades de capital por infracción de prohibiciones legales, intereses opuestos a la sociedad e infracción de los deberes de diligencia y lealtad tras la reforma de la LSC (Ley 31/2014, de 3 de diciembre(Tirant Lo Blanch, 2020) Domínguez Pérez, Eva María; Moralejo Menéndez, Ignacio; García Cruces, J. A.SUMARIO: I. Introducción: Corporate Governance y deberes de los administradores. II. Referencia general al cese causal (justa causa) de los administradores: la infracción de los requisitos para ser nombrado administrador, la infracción de los deberes y prohibiciones inherentes al ejercicio del cargo, e infracción de los deberes de diligencia y lealtad. 1.Cese causal versus cese ad nutum. 2. Cese por incumplimiento de los requisitos para ser nombrado administrador: el art. 224. 1. LSC. 2.1. Las “prohibiciones legales” para ser administrador. 2.2. Cese del administrador de Sociedad Anónima incurso en prohibición legal. Ámbito subjetivo de aplicación del art. 224. 1. LSC. 2.3. Eficacia invalidante de la prohibición legal y cese de administradores. 2.4. Prohibición legal y conducta desleal del administrador. 3. Cese de administrador y de personas con intereses opuestos a los de la sociedad ex art. 224. 2. LSC. 3. 1. La ubicación del art. 224. 2. LSC y su relación con el art. 230. 3. in fine LSC. 3.2. Ámbito objetivo de aplicación del art. 224. 2. LSC: la interpretación de “los intereses opuestos a los de la sociedad”. 3. 3. Cese del administrador ex art. 224.2 LSC y cese del administrador ex art. 230. 3. in fine LSC: ámbito objetivo de aplicación. 3. 4. Cese del administrador nombrado por el sistema de representación proporcional. 3. 5. Ámbito subjetivo de aplicación del art. 224. 2. LSC. 3. 6. Exclusión del socio - administrador. 4. Cese del administrador por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio del cargo de administrador: deber de diligencia y deber de lealtad. 4. 1. Introducción. 4. 2. El deber de diligencia de los administradores y las consecuencias previstas en la LSC en supuestos de infracción. 4. 3. El deber de lealtad del administrador de sociedades de capital y consecuencias de su incumplimiento. 4.3.1. Deber de lealtad del administrador de sociedades de capital. 4. 3. 2. El deber de lealtad del administrador de sociedades de capital y consecuencias de su incumplimiento. Consecuencias de la infracción del deber de lealtad: posible ejercicio de acciones ex art. 232 y/o ex art. 236. 4. 3. 2. 1. Las acciones ex art. 232 LSC por la infracción del deber de lealtad. 4.3. 2. 2. Las acciones ex art. 232 LSC por la infracción del deber de lealtad. 4. 3. 2. 3. Cese del administrador que desarrolla actividades competitivas con riesgo de perjuicio relevante para la sociedad (art. 230. 3, in fine LSC).Publicación Claros y no tanto de la reformas para la transparencia en la formación y formalización del contrato alimentario(Tirant lo Blanch, 2022-04-21) Rodríguez Martínez, IsabelPublicación El confinamiento del derecho a la información(Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2022-01) Caballero Trenado, Laura MªSe han debilitado las defensas del derecho a la información con la covid-19 durante las cuarentenas? La ex-cepcionalidad que representa la pandemia ha acarreado, como consecuencia, que la mayoría de los países invoquen el derecho de emergencia. La instauración de un marco legal excepcional —por ejemplo, vía declaración de un Estado de alarma— y su afectación es una eventualidad a menudo prevista tanto por el constituyente como por el legislador ordinario que, en desarrollo del mandato constitucional, ha promulgado leyes que contienen esta previsión. El ejercicio del derecho a la información requiere que el estado tenga una actitud de abstención y respeto y, por lo tanto, una posición negativa (Aragón, 2011: 201; Escobar de la Serna, 1998: 302; Guichot, 2018: 31). Pero este imperativo de iure contrasta de facto con una postura hipergarantista que se ha manifestado en actitudes que ocurren por el ejercicio de un control férreo sobre la información. Entre muchas otras, pueden citarse como prácticas recurrentes, la práctica generalizada de ruedas de prensa con preguntas filtradas, la generalización del formato de videoconferencias con intervenciones en diferido o la neutralización de comentarios críticos sobre la gestión del virus. Todas ellas ponen a prueba la delimitación del derecho a la información, el cual goza de una protección reforzada, pero cuyo ejercicio no es ni mucho menos ilimitado. En este trabajo se analiza esta cuestión a la luz de la cobertura constitucional de ambos derechos —el derecho de excepción y el derecho a la información— durante el estado de alarma en España.Publicación Consideraciones a la exclusión de la industria audiovisual del Reglamento (ue) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior [doue-l-2018-80417](Universidad Salamanca, 2024) Caballero Trenado, Laura Mª; Férez Salinas, AntonioPublicación Consideraciones sobre las prácticas desleales y sus efectos en los contratos celebrados por el consumidor a raíz de las recientes reformas de la Ley de Competencia desleal y del Texto Refundido de Consumidores y Usuarios(Tirant Lo Blanh, 2023) Domínguez Pérez, Eva María; García-cruces González, José AntonioSUMARIO: I. BREVE INTRODUCCIÓN. II. SOBRE LA EVOLUCIÓN EN LA TUTELA JURÍDICA DEL CONSUMIDOR: TUTELA DEL CONSUMIDOR EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, Y EN LA LEY 3/1991, DE COMPETENCIA DESLEAL. 1. Planteamientos generales: desde la tradicional separación del Derecho contra la competencia desleal y el Derecho de Consumo hacia la reformulación de la relación de ambos sectores jurídicos. 2. Nuevos planteamientos en la tutela del consumidor tras las recientes reformas legislativas en materia de prácticas desleales y contratos celebrados por el consumidor. Una visión crítica de la materia. 2.1. Las recientes Directivas UE en materia de consumidores. 2.2. Las medidas correctoras por la realización de prácticas desleales contra el consumidor: el nuevo art. 20 bis TRCU. 2.2.1. Ideas generales sobre prácticas desleales y contratos celebrados por los consumidores bajo la influencia de prácticas desleales. 2.2.2. Sobre las medidas correctoras ex art. 20 bis TRCU: concepto, efectos, y problemática que plantean. Una visión crítica de la regulación. 2.2.2.1. Fundamento de las medidas correctoras. 2.2.2.2. Las medidas correctoras previstas en la Directiva 2019/2161 y la (no) trasposición en el TRCU (art. 20 bis). 2.2.2.3. Efectos de las medidas correctoras: sobre su potencial compatibilidad con los remedios previstos en el Derecho de contratos. A. Especial referencia a la causa en la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la práctica desleal. La problemática del “consumidor medio” concurrencial y su aplicación en el “consumidor contractual” del Derecho de contratos. B. Reducción del precio y resolución del contrato. Posible nueva aplicabilidad de la acción de remoción de competencia desleal.Publicación Los contratos alimentarios o de la cadena alimentaria(Tirant lo Blanch, 2019-10-10) Rodríguez Martínez, IsabelPublicación Créditos, seguros y derecho al olvido oncológico: avances normativos(Aranzadi , 2023) Caballero Trenado, Laura MªPublicación De falacias y sofismas una mirada cáustica sobre el imperio de la ley como axioma(Universidad de La Sabana, 2022) Caballero Trenado, Laura MªJavier Vilaplana, especialista de extensa trayectoria en litigación, disecciona en este ensayo el concepto de nuevo cuño posverdad en el marco del proceso judicial, donde se concitan al menos dos versiones contradictorias, y en el que, con frecuencia, los “hechos alternativos” se imponen a los “hechos objetivos”. En consecuencia, la realidad acaba difuminándose, por lo que “justicia y verdad no tienen por qué ir exigible o necesariamente de la mano” (Vilaplana, 2021: 17). Esta advertencia es el vector que sobrevuela el conjunto de esta obra, en la que, con la paciencia de un entomólogo, el autor desgrana con prolijidad, pero con una prosa ágil y amena todas las cuestiones que convergen en torno a un juicio para que esta mutación fructifique y cristalice en una realidad distorsionada. De este modo, planteada en torno a 25 capítulos muy breves, Vilaplana desbroza el fenómeno de la posverdad a la luz de la relación, esencialmente, con la justicia y la legalidad, desde un tanteo con lo más general hasta lo más concreto.Publicación De la cláusula de estabilización de rentas en los contratos de arrendamientos de viviendas(La Ley, 2023-04-27) Caballero Trenado, Laura Mª; Cáceres Cantero, IgnacioEn el contexto de un entorno macroeconómico de inflación creciente, el Consejo de Ministros ha aprobado en fechas recientes una nueva prórroga de la medida por la que se pretende «topar» en un dos por ciento la subida de los alquileres afectos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU) Desde una perspectiva académicoprofesional, en el presente artículo se rastrean los fundamentos jurídicos de esta disposición a la luz de la normativa vigente, al objeto de determinar su delimitación y alcance.Publicación De la nueva ley universitaria(Real Academia de Doctores de España, 2023) Caballero Trenado, Laura Mª; Domínguez García, ConcepciónA finales de marzo del corriente entró en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), tras su correspondiente publicación en el BOE, al haber finalizado la aprobación del texto definitivo por el Congreso de los Diputados que, tras la votación de las enmiendas procedentes de la tramitación en el Senado, daba luz verde al proyecto el día 9 de marzo. En este artículo se desbrozan, desde una perspectiva académico-profesional, las cuestiones más relevantes que introduce la nueva ley que norma la Enseñanza Superior Universitaria.Publicación Deberes relacionados con la transmisión de acciones (I): deberes relacionados con los pactos o sindicaciones de voto(Thomson Reuters Aranzadi, 2019) Rodríguez Martínez, IsabelPublicación Delimitación y alcance del «acuerdo indemnizatorio» (art. 20 LCS) a propósito de las SSTS 1701/2023, de 24 de abril y 65/2022, de 1 de febrero(La Ley, 2023-07) Caballero Trenado, Laura Mª; Morán Arias, Manuel IsraelEl régimen de la mora tiene como elementos basilares, de un lado, la voluntad del legislador español que, ex art. 20 LCS, plasmó tempranamente su determinación de estimular a las aseguradoras a pagar en plazo las indemnizaciones y, de otro, la opinión del órgano jurisdiccional que, en interpretación de aquélla, ha desarrollado un corpus jurisprudencial constante y consolidado que ha ahormado la «multa penitencial». Pero el acuerdo indemnizatorio y el corolario de intereses que se devengan de un eventual retraso en el cumplimiento de esta obligación por parte de las compañías del sector continúa siendo la cuestión nuclear de las controversias judiciales. Desde una perspectiva académico‐profesional, en este artículo se desbrozan los puntos más espinosos de la pena legal estipulada en el precepto señalado a la luz de la jurisprudencia reciente —con un análisis detenido de las STSS 1701/2023, de 24 de abril y 65/2022, de 1 de febrero—, al objeto de determinar su delimitación y alcance.Publicación El derecho a instar el complemento a la convocatoria de la junta general en la sociedad anónima no cotizada(Tirant Lo Blanch, 2024-12-02) Domínguez Pérez, Eva MaríaEl libro que se presenta tiene por objeto el análisis detallado de uno de los derechos de los que disponen los accionistas en las sociedades anónimas no cotizadas, como es el ejercicio del derecho a instar el complemento del orden del día de la convocatoria de la Junta General. Se trata de un derecho que, como es sabido, se ha revelado como un instrumento especialmente útil para que los accionistas puedan intervenir en la conformación de las materias que serán debatidas y, en su caso, serán objeto de votación, en el marco de la Junta General. Por este motivo es considerado un derecho que permite a los accionistas incluir, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 172 del Texto Refundido de Sociedades de capital, aquellas cuestiones que estimen conveniente abordar en el seno de la Junta general. Pero el derecho ex art. 172 presenta además la característica de ser un derecho de minoría, en cuanto que puede ser ejercitado por accionistas que reúnan entre ellos el porcentaje mínimo exigido por el art. 172 para su ejercicio. Y por ello, y como la práctica societaria ha puesto de relieve en los asuntos que han llegado a los tribunales, realmente el derecho a instar el complemento del orden del día de la convocatoria de la junta general es un instrumento que actúa como contrapeso a las decisiones mayoritarias, y muy frecuentemente como contrapeso al conflicto surgido entre la minoría y el órgano de administración, que pudiera haber actuado en contra del interés social. La obra que el lector tiene en sus manos contiene un detallado y riguroso análisis de las cuestiones mencionadas, análisis que se sustenta tanto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital como en la jurisprudencia de nuestros tribunales, y que pretende ser de utilidad tanto para los investigadores en el marco del Derecho de Sociedades como para los prácticos en el ejercicio del Derecho.