(Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) y Universidad Autónoma Metropolitana, 1999-01-01) Aguilar Fernández, Paloma
En todos los procesos de transición política hacia la democracia tanto las élites como la sociedad se han visto obligados a decidir qué hacer respecto a las instituciones y a las
personas vinculadas al régimen anterior. La literatura teórica está dividida respecto a la utilidad y/o pertinencia de adoptar medidas de «justicia retroactiva» como, por ejemplo, crear comisiones
de investigación, depurar las instituciones administrativas (civiles y militares) heredadas del pasado e incluso llevar a juicio a los responsables de haber violado los derechos humanos. En este
artículo se empieza por resumir esta polémica para pasar a enunciar las variables que se consideran más relevantes para entender cuándo y por qué se han adoptado este tipo de medidas. El caso que
más se estudia es el español (incluidas las peculiaridades del País Vasco) y, allí donde resulta pertinente, se ilustran algunas afirmaciones con ejemplos procedentes del Cono Sur de América
Latina. Finalmente, se plantean algunas reflexiones generales acerca de las repercusiones que pudiera tener la adopción u omisión de los procesos de «justicia retroactiva» sobre el funcionamiento
ulterior de la democracia.
