Persona: González Rabanal, Miryam de la Concepción
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0000-0002-4173-9755
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González Rabanal
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Miryam de la Concepción
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Publicación Análisis del principio constitucional de mérito y capacidad y su relación con la evaluación del desempeño(Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2024-07-26) Bolado Alonso, Jesús; González Rabanal, Miryam de la ConcepciónTodas las Constituciones españolas desde 1837 han contemplado la idea de que el acceso a los empleos y cargos públicos se hiciera según los principios de mérito y capacidad. Por ello, la institución funcionarial ha contribuido a conformar en la mente del ciudadano la idea de que existen funcionarios y servidores cualificados que hacen que la actividad que la Administración Pública proporciona a los ciudadanos se enmarque en un sistema que garantiza la calidad del servicio prestado. Los principios de mérito y capacidad van a asegurar que, al frente de la Administración Pública, estarán funcionarios públicos, servidores de la sociedad, preparados, imparciales y objetivos. Por tanto, la evaluación del desempeño de los servidores públicos debe operar bajo los principios de mérito y capacidad como base para determinar la selección de los mejores empleados públicos durante la carrera administrativa. Las cualidades requeridas para ejecutarla son atributos especiales y profesionales que han de poseer los más cualificados para el desempeño de las responsabilidades públicas. La metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo ha consistido en el estudio de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema del mérito y la capacidad para el desempeño de responsabilidades públicas, derivando de todo el análisis e investigación llevados a cabo un estudio jurídico-descriptivo y crítico. Los resultados ponen de manifiesto que la implantación de la evaluación del desempeño es una herramienta adecuada para reforzar en el ámbito de la Administración Pública la selección del personal a su servicio, aplicando los principios de mérito y capacidad que se recogen en la Constitución, en la medida en que se erige en un instrumento para valorar el esfuerzo y el trabajo de todos los empleados públicos con el fin de servir mejor y más eficientemente a los intereses generales.